martes, 17 de junio de 2008

Corrupción, Corrupción y más Corrupción.

Parece que en España los políticos no aprenden en lo referente a los destapes de corrupción urbanística que son llevados a cabo en los últimos tiempos. Una vez mas la corrupción se desarrolla en tierras malagueñas (recordemos Marbella), para ser exactos en el pueblo de Estepona.

En la “operación Astapa”, llevada a cabo por la policía nacional, ha sido detenido el alcalde del susodicho pueblo, Antonio Barrientos, junto a varios concejales y algunos empresarios de 3 empresas que han sido intervenidas por la policía en lo que se a calificado por la fiscalía anticorrupción como un caso similar a la “operación malaya”.

El alcalde de Estepona, perteneciente al PSOE (otro de los factores comunes en los casos de corrupción que se han dado en España, junto con que suelen ser producidos en las tierras andaluzas y que se producen en pueblos con un creciente proyecto urbanístico), se le imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
El ayuntamiento de Estepona funcionaba de la misma manera que funcionaba el ayuntamiento de marbella con el partido político del difunto Jesús Gil (Grupo Independiente Liberal), los concejales de dichos ayuntamientos llevaban a cabo la recalificación de terrenos del municipio que se otorgaban a ciertas entidades económicas a un precio mas bajo que el establecido en el mercado.


Por su parte el Partido Socialista Obrero Español, al que pertenecen la mayoría de detenidos (el resto pertenecen al partido de Estepona compuesto por antiguos integrantes del G.I.L.), ha anunciado que expulsara del partido a todas aquellas personas que estén implicadas en el escándalo de corrupción urbanística, pero que esperara, como es normal en estos casos, a que salga el resultado de la investigación.


Los problemas de los escándalos urbanísticos no es algo que suceda de manera espontánea en los diferentes pueblos de la comunidad autónoma andaluza, sin ir mas lejos el caso de Estepona se mostraba en el departamento de disciplina urbanística, donde se recogieron solo el año pasado mas de 1.578 expedientes abiertos por irregularidades urbanísticas y que fueron ignorados por los funcionarios a su cargo y por el propio gobierno andaluz.

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